Tegucigalpa. Unos 25 dirigentes populares del Valle de Siria se trasladaron en fecha anterior a la capital con el fín de exigir a las autoridades del Instituto de Conservación Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre ICF que solucionen de una vez por todas el problema que enfrentan con la pretensión de las familias Urrutia-Raudales y Hernández de talar unas 1,834 hectáreas de bosque.
Este conflicto se originó hace más de un año y por la férrea oposición de los pobladores de la zona, quienes inclusive, en una oportunidad detuvieron la maquinaria con la que iban a cortar la foresta, fueron querellados en el Juzgado de Talanga, Francisco Morazán donde la Jueza les aplicó medidas sustitutivas como no salir del país, presentarse a firmar a esa oficina los viernes, entre otras.
La situación se agudizó cuando trascendió que las familias Urrutia-Raudales y Hernández , aparentemente no son propietarios legítimos del área donde se quiere depredar, sumando a ello que existen varias fuentes de agua de donde se suplen los vecinos.
Los quejosos fueron recibidos por el Vice Ministro-Director del ICF, José Antonio Galdámes, el Jefe Regional de Francisco Morazán Wilder Vantroi y los apoderados legales de la Institución.
Luego de varias horas de discusión se acordó suspender los más de 15 planes de manejo otorgados a las referidas familias. Que en el Juzgado Civil de F.M. se ventile el caso de la posible irregularidad de la tenencia de la tierra para actuar de acuerdo a la Ley.
El ministro-director del ICF,José Antonio Galdámes, el Jefe Regional de Fco. Morazán, Wilder Vantroi y los abogados de la Institución dialogan con vecinos del Valle de Siria.